Los centros para menores, ¿acogida o negocio?

 Diferentes voces denuncian irregularidades en los casos de niñas y niños tutelados por la Administración

Tras los centros de acogida de menores se esconde la realidad más dura y sobrecogedora. Menores que han sido alejados de sus madres y padres, progenitores a los que el mundo se les puso del revés, y que tras sufrir crisis personales, económicas y conflictos llegaron a sufrir trastornos psicológicos.
Diario16 adquiere el compromiso de llegar al fondo de este asunto y de conocer realmente que hay detrás del incremento de la derivación de menores a los centros de acogida.


Hay miles de personas en España que consideran que la Administración les ha robado a sus hijos. Pero no sólo lo piensan ellos. Detrás hay abogados, asociaciones y otros colectivos que creen que no les falta razón.
 

A juicio de determinados profesionales, se trata de un Estado que niega el pan y la sal a quien más lo necesita, pero que no duda en pagar 4.000 euros al mes – en el caso más económico- para la atención de un menor en un centro de acogida. Algo rancio está pasando en el sistema. Mientras la sociedad prefiere no creer tanta barbarie.


Las comunidades autónomas tienen las competencias de Protección del Menor. De estas administraciones dependen estos centros de acogida, que salvo excepciones, son de titularidad pública pero de gestión privada a través de concesiones y concursos de la Administración.


Las cifras bailan en función de la situación del menor –que necesite o no tratamientos o cuidados especiales- y de la región. Pero el coste mensual de un menor en un centro de acogida oscila entre los 4.000 a los 9.000 euros.


Esto sorprende a quien defiende, como la escritora Consuelo García del Cid, que la crisis ha propiciado situaciones límites para familias que apenas recibían ayuda del Estado, pero que Protección de Menores sí ha intervenido para tutelar a sus hijos en un centro, incluso para conceder a otras parejas la acogida temporal y, en algún caso, incluso para acabar convenciendo a la madre, que sola y sin recursos, es vulnerable para acabar firmando una renuncia y permitir que su hijo sea dado en adopción.

Hay miles de progenitores en España que creen que la Administración les ha robado a sus hijos

García del Cid, en su libro El desmadre de los servicios sociales, cuyas conclusiones sobre irregularidades en la tutela de menor ha presentado hasta en el mismo Senado -lo que le ha llevado a hacer frente a una demanda- manifiesta que “hay mujeres sentenciadas en cuanto confiesan, avalada por la confianza que gana hábilmente un funcionario que se dedica profesionalmente a criminalizar familias, catalogar conductas e inspeccionar hogares”.


A su juicio, “el mínimo desorden en una casa puede ser sentenciado como un síndrome de Diógenes”. Esta escritora insiste en que “dicen que están locas, ¿cómo estaríamos todas si nos quitan a nuestros hijos?”, manifiesta a Diario16.


Según explica, actualmente los colegios informan a los servicios sociales si lo requieren sobre asuntos como la tardanza en adquirir los libros de texto, el delantal u otro material escolar. “este retraso –explica la escritora- que responde casi siempre a carencias económicas, se tacha en el informe como desatención y olvido al menor”.


Lo cierto es que en vez de dar más recursos a estas familias para esas necesidades de sus hijos, la Administración prefiere, en algunos casos, invertir para la protección de los menores en centros donde no siempre reciben la mejor de las atenciones.


Consuelo García del Cid cree que la sociedad no se entera de lo que ocurre cuando se arranca a los hijos de sus madres y padres desde una Administración que ha fomentado el negocio entre empresas privadas y fundaciones, pero también órdenes religiosas.

La autora de El desmadre de los servicios sociales insiste en que el número de intervenciones ha aumentado ya un 273% desde que comenzó la crisis económica. “tenemos madres que fueron y son cruelmente separadas de su hijos”, insiste. “Ya no le llaman robo, se habla de intervención, quizá porque no tienen que buscar a sus hijos, porque se los quitan delante de sus propias narices para ser entregado a los servicios Sociales”, sentencia.



Construcciones

La especulación del suelo y la construcción también forman parte de este complicado entramado en torno a la tutela de los menores. El incremento de niñas y niños en centros de acogida, ha motivado que algunas administraciones fomenten la construcción de nuevos centros que acaban siendo gestionados por fundaciones.


Para Ana Isabel Lima Fernández, Presidenta del Consejo general del Trabajo Social de España y de la Federación Europea de Trabajo Social (IFSW Europe), este enfoque es alarmista. Sin embargo, a la hora de responder a Diario16 sobre si están garantizados los derechos de los menores en estos centros tutelados que dependen de empresas, órdenes religiosas u otras ONG´s, explica que “Podrían estarlo, como otros servicios sociales especializados que son gestionados de esta manera, son de titularidad pública, pero están prestados por entidades privadas o del tercer sector”.


 Lima cree que hay que dejar claro que “en los últimos años ha habido recortes sociales que también han afectado a los centros de protección a la infancia y en la medida de que no se pongan los medios suficientes para cumplir las leyes nos podríamos encontrar con deficiencias”.


Sin embargo, la máxima representante de los Trabajadores Sociales en España y Europa cree que “no se puede generalizar, depende de cada contratación, de los medios con se les dote, el personal, los centros y el control y la inspección necesaria que debe hacer la administración para que se cumplan los requisitos planteados en los contratos”.


Ana Lima entiende, a diferencia de Consuelo García del Cid, que no es tan fácil arrebatar a una familia a su hijo o hija. Desde la experiencia profesional del sector, afirma con contundencia a Diario16 que “ en mi opinión no es nada fácil, antes de tomar una de las medidas hay que hacer una buena valoración de cada situación y normalmente existen comisiones para valorar casos desde diferentes áreas del entorno del niño o niña donde otros profesionales son consultados”.


Las cuestiones de la infancia –explica Lima- “suelen ser situaciones de abordaje complejo y, dependiendo del nivel de riesgo, se plantea un trabajo previo con la familia para evitar proponer tomar medidas como la retirada de tutela por ejemplo. Normalmente son procesos muy largos y muy bien argumentados, así como son muy duros para los profesionales”.


Según aclara la representante de los trabajadores sociales, el proceso de tutela del menor funciona de la siguiente manera: “habitualmente otras áreas como educación, salud, vecinos etc., comunican a los servicios sociales de los ayuntamientos situaciones de riesgo de desamparo y son los profesionales de servicios sociales son los que primero estudian la situación, se reúnen para valorar con otros profesionales e intentan apoyar a la familia haciendo planes de intervención, sólo si eso no funciona se propone tomas una medida a los servicios sociales de la comunidad autónoma que toma una medida administrativa”.


Familia extensa


Son procesos complejos, manifiesta Ana Lima, “ donde hay una fase previa de información a la familia, además se intenta primero que se pueda asumir desde la familia extensa, antes de enviar a un centro de menores”.


La abogada Elena Rábade, por su parte, entiende, tras llevar dos años investigando esta situación, que sí hay motivos para la preocupación y ahondar en el tema de la tutela de menores. A su juicio, “se está realizando sin la previa supervisión judicial y esto tiene sus riesgos”.


Según explica la letrada, “cuando se trata de internamientos psiquiátricos el juez interviene y va al centro, porque durante muchos años en este país se ingresó a gente que interesaba a familias o personas poderosas por temas económicos o de otra índole, y con el objetivo de que no volvieran a cometerse esas injusticias hoy son los jueces los que valoran in situ la situación”.


Rábade insiste en que “ahora a la Administración se le está yendo la mano con la tutela de los menores”. Según pone de manifiesto, “la relación, en muchos casos, de las madres con los Servicios Sociales es para que se te caiga el alma a los pies”.


¿Qué está pasando?, pues que, según Elena Rábade, “se está acogiendo a niños que se encuentran en situaciones graves, pero que se podían resolver de otras maneras y ayudando más a sus familias”.


En casos de Violencia de género, según explica esta abogada, “las madres no tienen medios de vida, lo que les pasa el Estado no les llega para sacar adelante a sus dos hijos y la solución que encuentra la Administración es llevarles a un centro de acogida, donde se pagan alrededor de 65.000 euros cada vez que entra un niño,

 Y, entre 4000 y 9000 cada mes, dependiendo de la situación en la que se encuentra el menor”.

Según explica Rábade, “ese dinero viene de los fondos europeos, pero tampoco se entiende de qué partida específica se saca esta partida que va a parar a los centros de acogida”.


A partir del 2011, empiezan a construir centros para menores en las Comunidades Autónomas. Pero estas constructoras se transforman en fundaciones y se hacen cargo por contratación pública y tiene pinta de negocio, reconoce la abogada.


Rábade no cree, como defiende Ana Lima, que a la hora de la verdad, desde los Servicios Sociales se estén intentando, una vez que se decide separar a los menores de sus progenitores, buscar alternativas con la familia extensa.


 Es más, la abogada asegura que “cómo es posible que en este país, donde las abuelas están cuidando de los nietos desde que las mujeres nos incorporamos al mundo laboral, no se trate de dejar a los niños con ellas, en vez de en un centro tutelado”.


Elena Rábade entiende que, en la mayor parte de los casos, “Cuando los menores se los quitan a la madre, hay razones para hacerlo”, pero, a su juicio, hay que analizar por qué y cómo solventar esta situación para no separarles de sus hijos. Sería bueno saber “ Si es una crisis económica, de pareja o de qué tipo”.


Para esta abogada hay un doble interés en todo este asunto de la tutela a menores: “Económico de algunos y de mala práctica de otros”. A su juicio,” hay demasiados casos en que con un asistente social y un ingreso a la familia se podría solucionar”. Con los 4.000 euros mínimos que se paga a los centros de menores, se solucionaba la vida para siempre de una familia con problemas”.


Ana Lima, sin embargo, sí entiende, que puede haber negocio en esos centros de acogida de menores. Según manifiesta, “pueden ser un negocio, en la medida que se presentan empresas o entidades del Tercer Sector que cobran por prestar esos servicios”.


“Existen muchas prestaciones de servicios en la Administración Pública en general y en servicios sociales en particular, más de las que a los profesionales del trabajo social nos gustaría, debería haber más equilibrio entre centros públicos , concertados o privados, ya que en lagunas CCAA son casi un 80% privados”.


Externalización


Desde el punto de vista de los trabajadores sociales, “existe una excesiva externalización de los servicios en este sector. Pero el problema es, sobre todo la falta de medios para poder garantizar los derechos de los niños y niñas”.


“Uno de los problemas que yo veo es que a la hora de contratación de estas entidades  es que no existe una adaptación jurídica especial para los servicios sociales y se rigen por los mismos preceptos que la Ley de contratación que otros servicios”, manifiesta la presidenta del Consejo de Trabajadores Sociales de España.


Según su punto de vista,” Lo servicios sociales tienen que tener un tratamiento especial porque, en muchos casos, trabajan con personas en situación de vulnerabilidad y algunas de las decisiones que se toman afectan a sus derechos fundamentales2.


No se puede contratar a estas entidades teniendo en cuenta principalmente la parte económica, ya que la gestión puramente mercantilista queda fuera de la naturaleza del servicio, no se trata de un servicio de limpieza, explica Lima, quien cree que se dan los siguientes problemas:


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