La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca ha dejado sin efecto la imputación de la infanta Cristina en el caso Nóos por parte del juez que instruye la causa, José Castro. Aunque la decisión no es totalmente definitiva, ya que el Tribunal ha pedido al Juez Castro que amplíe sus argumentos para pedir la imputación de Cristina de Borbón, no es extraño que su hermana, Elena de Borbón, haya declarado a los medios de su régimen esta misma mañana que está "muy alegre" y "muy feliz" con esta decisión. Sin embargo, y a pesar de lo que pueda parecer en un principio, no creo que esta sea una buena noticia para la monarquía a medio y largo plazo.
Esta noticia no hace otra cosa que reforzar ese pensamiento popular tan extendido de que en este país "la justicia no es igual para todos". Muy lejos de limpiar la imagen de la infanta, con esta decisión se extienden las sospechas sobre la Casa Real y la falta de imparcialidad de la Justicia española en este caso. Ningún ciudadano de a pie puede entender cómo a día de hoy Cristina de Borbón no haya tenido que acudir a declarar ante el juez al menos en calidad de "testigo", ya que es, entre otros indicios, la propietaria junto a Iñaki Urdangarín de la empresa inmobiliaria investigada Aizoom S.L., a través de la cual se desviaba dinero público a paraísos fiscales.
En unos momentos en los que la utilidad y popularidad de la monarquía se encuentra en entredicho más que nunca - tal y como reflejan los últimos datos del CIS - y en los que el debate monarquía o república está sobre la mesa debido a las actuaciones del Rey, a las sospechas de corrupción, o incluso a su deteriorado estado de salud, ¿no hubiese sido mejor para la propia imagen de la Corona que la infanta acudiera al juzgado, pusiera sobre la mesa toda la información de la que dispone, ayudara en la investigación, y dejara clara su inocencia ante el juez y ante todos los ciudadanos? En los últimos tiempos la Casa Real pretende salvar la institución enarbolando falsamente la bandera de la transparencia, sin embargo ésta brilla por su ausencia.
La transparencia y el blindaje de la monarquía ante la Justicia son incompatibles. De hecho monarquía y democracia son términos totalmente antagónicos. Esta decisión judicial, y a la espera de que el juez José Castro investigue un posible delito contra la hacienda pública y blanqueo de capitales cometido por la hija del rey, perjudica seriamente la imagen de una monarquía agonizante, a pesar de los esfuerzos de los medios del régimen bipartidista por presentarnos a la monarquía como una institución imprescindible para el buen funcionamiento del país y al Rey como el adalid de la "democracia" en España.
Comparto la felicidad expresada hoy por la infanta Elena, pero por motivos bien diferentes. Este tipo de decisiones alejan cada vez más a la monarquía del mundo "real" en el que vivimos el resto de los mortales. Hoy, aunque la familia "real" y sus vasallos celebren esta suspensión de la imputación, la tercera república española que muchos deseamos está un poquito más cerca.
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